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Solo cuatro permisos para aprovechar el sargazo en altamar: Quintana Roo enfrenta el reto de convertirlo en negocio

El aprovechamiento comercial del sargazo en Quintana Roo continúa en una etapa inicial, a pesar de los esfuerzos por convertir esta macroalga en una oportunidad económica para pescadores, empresas e inversionistas.
De acuerdo con información difundida el domingo 18 de octubre, solamente se han tramitado cuatro permisos relacionados con la pesca de sargazo en altamar en México ante la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
La información fue proporcionada por Manuel Jesús Puerto Mocoroa, responsable del Centro Regional de Investigación Pesquera y Acuícola del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), ubicado en Puerto Morelos.
El funcionario explicó que, aunque existen avances para reconocer al sargazo como un recurso aprovechable, todavía es necesario establecer las condiciones técnicas, ambientales y económicas que permitan desarrollar una actividad comercial sostenible.
¿Qué permisos existen actualmente?
Entre los antecedentes mencionados por las autoridades se encuentra una autorización de pesca de fomento otorgada a una empresa interesada en desarrollar bioestimulantes a partir del sargazo. También existen trámites relacionados con proyectos de investigación científica y un antecedente de autorización comercial cuya vigencia ya concluyó.
Sin embargo, los cuatro permisos tramitados no equivalen a cuatro autorizaciones comerciales vigentes.
Esta distinción es importante porque los permisos de investigación, fomento y explotación comercial tienen finalidades y condiciones diferentes.
El IMIPAS participa en la evaluación técnica de los proyectos, mientras que Conapesca interviene en los procedimientos administrativos para su autorización.
Uno de los problemas identificados es la falta de información suficiente para establecer un precio comercial de la macroalga.
Antes de desarrollar un mercado, es necesario determinar cuánto cuesta capturarla, transportarla, almacenarla y transformarla. También se requieren estudios que permitan conocer qué cantidades pueden extraerse del mar sin provocar afectaciones ambientales.
Estos elementos son indispensables para evaluar si los proyectos pueden generar ingresos suficientes para mantenerse en funcionamiento.
El aprovechamiento del sargazo podría incluir productos agrícolas, materiales industriales y otras aplicaciones, pero cada alternativa necesita demostrar su viabilidad técnica y económica.
El desarrollo de una pesquería formal de sargazo representa una posible alternativa de ingresos para comunidades pesqueras.
A principios de octubre se anunció una iniciativa para incorporar cooperativas y embarcaciones de Quintana Roo a la recolección de la macroalga en el mar.
El planteamiento contempla la participación potencial de hasta 840 embarcaciones, aunque esto no significa que todas cuenten actualmente con permisos de captura o que ya estén realizando operaciones comerciales.
Para concretar el proyecto será necesario definir procedimientos de extracción, mecanismos de supervisión y posibles compradores del material recolectado.
Quintana Roo enfrenta uno de los periodos de mayor acumulación de sargazo registrados en los últimos años.
De acuerdo con información estatal difundida durante septiembre, la cantidad recolectada en 2026 ya superaba las 133 mil toneladas, por encima del volumen registrado durante 2025.
Las acumulaciones afectan playas, actividades turísticas y ecosistemas costeros.
Además de los costos de limpieza, la presencia prolongada de sargazo puede generar olores desagradables y complicaciones para las actividades recreativas.
Por ello, las autoridades buscan fortalecer las estrategias de contención antes de que la macroalga alcance las playas.
La posibilidad de transformar el sargazo en productos comerciales ha despertado interés entre empresas e investigadores
Sin embargo, la existencia de materia prima no garantiza que pueda desarrollarse una industria rentable.
Será necesario contar con procesos de transformación, compradores, infraestructura y reglas que permitan proteger los ecosistemas.
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